.JPG)
Un recurso presentado por un ciudadano que pedía la anulación de las tasas del cementerio municipal forzó ayer la celebración de una sesión de pleno extraordinario del Ayuntamiento de Segovia que ha duró apenas cuatro minutos y que ha supuesto un desembolso a las arcas municipales de más de 3.000 euros en concepto de dietas por asistencia a los concejales.
Presidido por el alcalde, Pedro Arahuetes (PSOE), el pleno comenzó a las nueve de la mañana y ha durado unos cuatro minutos, el tiempo que han tardado el secretario de la corporación, Hipólito Moldes, en leer el informe de la Comisión de Hacienda y la posterior votación en la cámara.
El recurso fue rechazado por unanimidad, por los 25 concejales (13 del PSOE y 12 del PP). En las tribunas del hemiciclo apenas estuvieron presentes algunos informadores y el autor del recurso, Mariano Cabanillas Rayo, que es concejal en el Ayuntamiento de Talarrubias (Badajoz) por el partido Independientes por Extremadura.
Cabanillas Rayo considera “abusiva” la tasa del servicio de cementerio; y concretamente las tarifas por concesiones administrativas de unidad de nicho y nicho-columbario, de 2.305,62 y 1.152,81 euros, respectivamente, “un 900% más caras que por ejemplo en la localidad de Turégano”, pueblo de la esposa del recurrente.
El autor del recurso dice ser consciente de la necesidad recaudatoria del Ayuntamiento para la prestación de los servicios públicos, aunque rechaza la “desproporción” de tasas como la de cementerios. Tras el rechazo ayer del recurso, Cabanillas Rayo ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión adoptada por el pleno.
La sesión ha supuesto un desembolso a las arcas municipales de unos 3.000 euros en concepto de dietas a los concejales —133 euros por a cada uno—, excluyendo las del alcalde y los concejales liberados; aparte de las que recibirán los miembros de la Comisión de Hacienda —en total, unos 250 euros—, que se reunieron el pasado miércoles para dictaminar previamente el asunto.
El alcalde de Segovia ha admitido que si no hubiera existido esta reclamación no habría tenido que celebrarse el pleno, y explicó que los recursos contra las ordenanzas fiscales deben resolverse antes del 31 de diciembre, para que los nuevos tributos —que experimentarán una subida del 2,2%— entren en vigor el 1 de enero.
